El día 31 de diciembre entra en vigor la nueva Ley de inclusión social, que potenciará la inserción laboral para evitar la cronificación de las situaciones de riesgo

Por primera vez, se permitirá a los beneficiarios compatibilizar la ayuda con trabajos esporádicos, para evitar la “penalización” de los accesos al empleo.

Además, con el fin de facilitar la inserción laboral, se articulará una nueva RISGA (Renta de integración social de Galicia), que se dividirá en tres tramos: personal y familiar, de inserción, y de transición al empleo

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Mañana, 31 de diciembre, entrará en vigor a nueva, que fue publicada hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El objetivo de este texto, que sustituye al anterior que data de 1991, es potenciar la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión para evitar que se cronifiquen estas situaciones. Cabe recordar, además, que esta normativa fue consensuada con los principales agentes sociales de Galicia, en el seno del diálogo social.

Con el fin de incentivar la inserción laboral, una de las principales novedad que incorpora la Ley es el refuerzo de las sinergias entre el área social y el empleo. Gracias a esto, se facilitará a los usuarios un itinerario único y coherente para el acceso a un puesto de trabajo. Esto se conseguirá a través de dos vías: la propia prestación garantizará una cuantía a mayores para aquellos beneficiarios que cumplan un itinerario de inserción laboral; y, por otra parte, las oficinas de empleo y el personal de intermediación jugarán un papel decisivo.

Otra de las principales novedades de la normativa es que articulará una nueva Renta de Inclusión Social de Galicia –la palabra “integración” de la denominación original pasará a ser “inclusión”-, que será a partir de ahora flexible y modular. Esto es, con el fin de potenciar especialmente la inclusión laboral, se dividirá en tres tramos distintos: el personal y familiar; el de inserción; y el de transición al empleo.

Estas acciones se complementará con la compatibilización de la RISGA con las rentas obtenidas a través de trabajos esporádicos o de escasa cuantía. De esta forma, se evita “penalizar” a aquellos que acceden a un puesto de trabajo, y se evita que renuncien a la realización del trabajo, o recurran la economía sumergida.

Actualmente en la práctica “se penalizaba” la realización de trabajos esporádicos o acciones formativas, porque la percepción de la RISGA se reducía o se suspendía. Esto llevaba a muchos beneficiarios a renunciar o incluso a esconder estas actividades. Con la nueva normativa, los tramos de inserción y de transición el empleo son compatibles con los accesos parciales a determinados trabajos, así como también se establece la compatibilidad con prestaciones económicas de cuantía menor que la de las pensiones no contributivas.

Ya en lo que se refiere a los tres tramos, cada uno cumple una función distinta. Así, el denominado “personal y familiar” garantiza una cuantía mínima para la cobertura de las necesidades básicas de la personas, que se relaciona con el compromiso de mantener un proyecto de inserción social. Es anual y prorrogable, además de ser ampliable en función de los miembros de la unidad familiar.

El segundo tramo es el de “inserción”. En este caso, el beneficiario percibe una cuantía a mayores de la del tramo personal y familiar, con el fin de estimular su acceso a un empleo. Este tramo tendrá una duración de hasta 18 meses. Para ser beneficiario de este tramo, es necesario cumplir un itinerario orientado a la inserción laboral, con acciones formativas.

Por último, la nueva RISGA abrirá un tramo de transición al empleo. Consiste en una cuantía que se sigue percibiendo durante los seis primeros meses desde la consecución de un puesto de trabajo por parte del beneficiario. La cuantía va disminuyendo gradualmente hasta extinguirse.

Con la división en tres tramos, se permite que aquellos beneficiarios que no estén en condiciones de cumplir un proyecto de inserción permanezcan en el tramo personal y familiar y, por su parte, se incentiva la incorporación a este proyecto permitiendo la recepción de una cuantía a mayores para aquellos que pasen al segundo tramo.

De este modo, excepto en el tramo básico, todas las cuantías que contempla la nueva Ley de inclusión son mayores a las que se venían recibiendo hasta ahora: tanto los complementos por otros convivientes son mayores, como las cuantías adicionales para fomentar la inserción.

Las AIS

Otra de las novedades de la Ley es la regulación de las Ayudas de inclusión social (AIS), que anteriormente eran denominadas como Ayudas de emergencia social (AES).

Hasta ahora, estas cuantías se destinaban a sufragar situaciones de grave emergencia, pero ahora se destinarán también a actuaciones de acompañamiento o refuerzo de carácter excepcional vinculadas a las medias de apoyo de los diferentes tramos de la Renta de Inclusión Social de Galicia.

Las ayudas de inclusión social, como hasta ahora, estarán destinadas a posibilitar que las personas con una grave situación económica continúen habitando en la vivienda habitual cuando este hecho favorezca el proceso de inclusión; a mejorar la habitabilidad de la vivienda habitual; a la equipación del mobiliario básico de la vivienda o ayudas para atención de necesidades primarias de alimentación, vestido y menaje doméstico.

En el texto, también se fomentan las empresas de inserción laboral y su reconocimiento, así como la adopción de otras medidas de inclusión social como las acciones de discriminación positiva en las políticas activas de empleo.

Fuente: Xunta de Galicia

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